¿Qué es una sanidad pública, universal y gratuita?

29 octubre, 2011 § 1 comentario

Mientras CiU trocea y vende los retales de la sanidad pública catalana a un holding de empresas privadas, el PP ha comenzado ya a meter la tijera en las prestaciones sanitarias allí donde gobierna, como Castilla-la Mancha, Galicia, Murcia o Baleares, y empiezan a filtrarse los recortes preparados para después de las elecciones, frenados de momento para no desvelar las intenciones de Rajoy, sus líderes siguen ocultando sus intenciones bajo difusos eufemismos.

Dolores de Cospedal, la misma que recortó en 400 millones de euros el presupuesto nada más ocupar la presidencia de Castilla-la Mancha y propone sin complejos vender centros sanitarios para el posterior arrendamiento para su uso, o adoptar el modelo de PFI (Private Initiative Finance) de esperanza Aguirre, no quiebra la voz al prometer, como portavoz popular en la precampaña, que el Partido Popular garantizará una “sanidad pública, universal y gratuita”.

El mismo Mariano Rajoy, tras decidir no realizar ruedas de prensa durante la campaña electoral para evitar preguntas incómodas sobre los planes de gobierno que oculta a los ciudadanos a los que pide su voto, acaba de afirmar hoy mismo en una entrevista para la revista Yo Dona “No voy a renunciar a ahorrar en educación y sanidad, pero seguirán siendo un servicio universal, público y gratuito”.

La afirmación no debería sorprendernos estando como estamos acostumbrados a que los dos partidos mayoritarios no consideren las promesas electorales y el mismo programa electoral como un contrato vinculante con los ciudadanos que los eligen como sus representantes, sino como papel mojado que olvidan inmediatamente una vez que toman posesión de sus cargos.

Pero incluso si fuésemos tan ilusos de pensar que sus promesas suponen algún compromiso para sus acciones de gobierno, habría que analizar con detalle cual es el verdadero significado de estas promesas y qué entienden por pública, universal y gratuita.

¿Qué es una sanidad pública?

Debería ser evidente que una sanidad financiada por los impuestos de todos y gestionada por las instituciones elegidas democráticamente por los ciudadanos, centrada como único objetivo en la calidad y equidad y en su función social de mejorar la salud de los ciudadanos, esos que con sus impuestos la costean. ¿es esa la sanidad pública que promete el Partido Popular? Ni mucho menos. Su concepto es muy distinto. Para ellos el adjetivo de “público” es aplicable sólo a quien realiza la financiación, siendo irrelevante que el encargado de la prestación de servicios sea la empresa privada. Así lo dice con la boca pequeña el Partido Popular y lo grita a los cuatro vientos CiU al salir a la luz su plan de trocear el Institut Catalá de la Salut y venderlo a un holding de empresas para que se haga cargo de la prestación de servicios. Da igual que tanto el laboratorio de privatizaciones desarrollado desde hace más de una década en nuestro país (fundaciones sanitarias, consorcios, empresas públicas, concesiones de obras públicas, concesiones administrativas,…) como el más antiguo del Reino Unido y otros países hayan demostrado a estas alturas con meridiana claridad la falsedad evidente de que la gestión privada dota a los hospitales de una mayor eficiencia, flexibilidad y gobernabilidad a un menor coste. Da igual que la falsedad del argumento de la transferencia de riesgos al capital privado se haya hecho evidente en varios casos de rescate o renegociación al alza volviendo al viejo esquema de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Da igual que el beneficio contable a corto plazo para ganar votos a base de inaugurar hospitales “gratis” hipoteque el gasto y las prestaciones sanitarias para las siguientes tres décadas. Da igual que se cambie la búsqueda de la salud del conjunto de la población por el lucro económico de unos pocos. Da igual. Basta con repetir las mismas mentiras hasta la saciedad en los medios de los que son propietarios, o hacer repetir a los tertulianos de turno que esto es lo moderno o que dada la crisis actual es la única alternativa para mantener una sanidad pública. Porque igual que no se les cae la cara de vergüenza al afirmar que dejar de contratar interinos no es despedir personal sanitario, tampoco se les cae al decir que vender las infraestructuras sanitarias a la empresa privada para despues pagar un canon por usarlas no es privatizar la sanidad.

¿Qué es una sanidad universal?

Desde luego sólo la que viene avalada por una ley que garantice dicha prestación a todos los ciudadanos residentes en el país en cuestión, lo que no podría ser de otra manera desde que la financiación procede íntegramente de los presupestos generales del estado y no de las cotizaciones individuales a la Segurudad Social.

En este caso no tememos que deje de serlo con un gobierno de derechas, simplemente porque (aunque pueda extrañar a muchos) la asistencia sanitaria no es ni nunca ha sido universal. Es cierto que las diversas puertas de entrada al derecho de asistencia sanitaria han ido aumentando progresivamente, la última con la Reforma de la ley General de Salud Pública el mes pasado, y la cobertura fáctica alcanza hoy casi al 99% de la población. Pero los intentos de declaración por ley de una cobertura universal han quedado siempre en dique seco. ¿Por qué esta resistencia a declarar realmente la universalidad de la asistencia si en la práctica es cercana al 100% pero con una maraña de títulos de derecho a dicha asistencia? La explicación es sencilla. Una ley que declare la asistencia sanitaria un derecho universal necesita para su derogación de otra ley que afirme explícitamente que deja de serlo. La situación actual, sin embargo, pouede ser recorrida en sentido inverso con total sigilo. Por supuesto la exclusión a la asistencia no vendrá (al menos en un primer momento) para las clases desfavorecidas, sino por el lado opuesto, el de las clases pudientes a los que se les financiará “su” sanidad por vías distintas a las del resto. Muy posblemente por la vía de la doble financiación, como veremos en la pregunta siguiente.

¿Qué es una sanidad gratuita?

Otro concepto que debería ser inequívoco pero que no lo es. Las constantes amenazas del copago desde hace tanto tiempo nunca han buscado su verdadera introducción, que todos los políticos saben que, aparte de su impopularidad y la potencial pérdida de votos que esta medida podría suponer, no supone ningún alivio financiero sustancial para el gasto sanitario. Su finalidad es otra. Por un lado hacer creer que con tal de conjurar la amenaza del copago, cualquier propuesta que, mentiras mediante, se nos venda como un ahooro de los “insoportables” costes del modelo actual debe ser aceptada sin protesta. La otra, aún más mezquina, es hacernos creer que mientras no se implante el copago, la asistencia sanitaria es gratuita. Dejemos de lado que en España la asistencia sanitaria nunca ha sido gratuita salvo para los jubilados pues en este debate se omite casi sistemáticamente el copago farmacéutico. Un copago además que no es similar para todos los usuarios pues funcionarios, jueces o miembros de las fuerzas de seguridad en activo tienen una tasa de copago inferior al resto de beneficiarios del SNS. Pero dejemos este punto de lado porque un aspecto más importante y clave en los planes de privatización de la sanidad es que para considerar una sanidad pública como gratuita, no basta con que sea gratuita. No. Esa asistencia sanitaria debe ser gratuita y “de calidad”. De una calidad equiparable a la mejor de las opciones privadas, tal y como todavía ocurre en nuestro “desfasado y obsoleto” Sistema Nacional de salud. De lo contrario, y ese es su objetivo final, el sistema público acaba convirtiéndose en una asistencia de beneficiencia donde se acoge a todo el que no puede pagarse una asistencia privada pero con un estándares de calidad asistencial tan bajos que quien quiera (y pueda pagar) una asistencia óptima tenga que recurrir a la oferta privada.

La estrategia no debe extrañarnos pues es la misma que es utilizada en el otro sector clave de los servicios públicos que se está entregando a los que buscan hacer de ellos un negocio. Pero, como en aquella, con un tremendo agravante. Que el modelo elegido lo que consigue además es la fuga de los recursos de la financiación pública para sufragar los costes de la empresa privada. Algo que en educación lleva años funcionándoles a las mil maravillas con el concepto de educación pública concertada y que en sanidad empezará a funcionar con el término de acuerdo de financiación mixta pública-privada.

Por todo lo anterior, mucho cuidado con lo que entendemos cuando a algunos políticos se les llena la boca garantizando una “sanidad pública, universal y gratuita”

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24 octubre, 2011 § 4 comentarios

No es necesario ser agorero para ver la salvaje campaña de privatización que se nos viene encima a partir de noviembre. Pero por mucho que repitan nuestros políticos hasta el hartazgo que las débiles arcas estatales no soportan el gasto de una sanidad pública según el modelo actual, este argumento no dejará de ser una burda farsa para ocultar un tétrico camino hacia la privatización que llevamos ya muchos años transitando.

Aparte de las discusiones pertinentes sobre el origen y la realidad misma de la crisis financiera actual, ésta no deja de ser una simple coartada para hacer el asalto final a un sistema público que, con todos sus defectos, ineficiencia y descoordinación necesarios de corregir, sigue siendo modélico a nivel mundial. Una coartada que le es útil a nivel mediático (gracias al control de los medios) para ocultar a la población las verdaderas intenciones, que no son recientes sino que vienen persiguiéndose, más cautelosamente que en los últimos meses, desde hace ya mucho tiempo.

Por supuesto que sanidad y educación suponen las principales partidas presupuestarias. No es de extrañar. También son las áreas de mayor interés para los españoles. En 2010 la sanidad lo era para el 29,2% y la educación para el 22,7% (mientras, que, por ejemplo, la seguridad ciudadana lo era para el 7,8%, la defensa para el 1,1% o los transportes para el 0,8%. Datos del barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, publicados en abril de 2011). Y tampoco duda nadie -o no debería hacerlo- que no son gastos sino inversiones estratégicas para el futuro del país y la equidad social. Pero tampoco son, pese a lo abultado de su presupuesto, la causa de la situación financiera actual. Hay muchos foros donde encontrar las causas de la crisis. Lo que sí supone este volumen de gasto es un pastel demasiado grande como para no atraer la codicia de los especuladores que se han lucrado masivamente a costa de llevarnos a donde estamos y que, especialmente ahora que se les ha acabado el lucrativo negocio de las infrestructuras faraónicas sin sentido, buscan hincar sus garras en él, convirtiendo un derecho de todos en un lucroso negocio para unos pocos.

Ésta no es una aspiración nueva. Muy al contrario, es una idea que nace ya con el triunfo del neoliberalismo radical de la mano de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Tatcher en el Reino Unido en los años ochenta. Y que asalta a la Unión Europea desde su mismo nacimiento con el Tratado de Maastritch el 7 de febrero de 1992, secuestrado ya por los grupos de presión neoliberales que han tramado la actual unión financiera de una Europa carente de cualquier unidad política que le sirva para hacer frente a los “mercados” que han acabado por desangrarla. Este Tratado de Maastritch es el que, argumentando la necesidad de crear las condiciones necesarias para la moneda única, establecía que el gasto público de cada país no superaría el 3% del PIB ni un endeudamiento público superior al 60%. Pero al mismo tiempo, y sin que la ciudadanía se percatase entonces de lo que esto iba a suponer, establecía un sistema de contabilidad que no contemplaba como “endeudamiento público” el contraido por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con el presupuesto público, o por servicios contratados por el sistema público con empresas privadas. Y de aquellos polvos, estos lodos.

Ni la mayor parte de los ciudadanos quisieron entonces darse cuenta de las intenciones de este incipiente mercado europeo ni lo difundieron los medios o los políticos responsables, que sí eran muy conscientes del compromiso que adquirían. Ésta como otras decisiones de aquel tratado envenenado respondían al interés en derribar las trabas existentes para que los mercados hincaran el diente en un pastel tan jugoso como la sanidad o la educación en unos países donde un avanzado estado del bienestar ponía freno a su avaricia, precisamente por la saturación de la demanda con unos servicios públicos casi universales y de calidad. Un empeño avalado por el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial (con unas intenciones explícitas publicadas en su Informe sobre la financiación de los Servicios sanitarios de 1987 o en su Informe para el desarrollo del Mundo de 1993) o la Organización Mundial del Comercio, firmante en 1994 del Acuerdo general de comercio de servicios, acuerdo multilateral que apostaba por la liberalización y mercantilización del sector servicios y que comprometía, como uno de sus principales puntos, a los gobiernos firmantes a contraer compromisos de liberalización total o parcial en sectores de servicios esenciales y estratégicos como la sanidad o la educación.

Desde entonces todos los gobiernos españoles, tanto populares como socialistas, han sido fieles a los compromisos suscritos con sus dueños financieros y, cada vez con menor cautela, han ido dando los pasos necesarios para ir desmantelando el sistema público recién consolidado para preparar el asalto final que nos espera en los próximos meses. No era una tarea fácil porque los sistemas nacionales de salud europeos, uno de los pilares del Estado de Bienestar levantados a lo largo de muchos años gracias a las cotizaciones sociales, parecían una barrera infranqueable a la entrada del interés privado en el sector de los servicios públicos. Especialmente en estados nominalmente democrátios donde este desmantelamiento debía ser avalado en las urnas.

Pero los pasos diseñados en la hoja de ruta programada en los noventa para alcanzar el entonces difícil sueño de los especuladores de hacerse con el negocio de la salud se vienen cumpliendo paso por paso. Primero la separación entre la financiación y la provisión de servicios. Segundo la fragmentación del Sistema Nacional de Salud. Tercero la permeabilización de la provisión de servicios al sector privado, mediante dos estrategias distintas: privatizando la gestión y la inversión de los centros públicos, primada especialmente por el PP, o la subcontratación o externalización de servicios, que ha sido la fórmula preferida por el PSOE en los últimos años.

Llegados a este punto es el momento de dar el siguiente paso de una estrategia perfectamente planificada desde el inicio, la reducción de la oferta y la demanda con la coartada pertreñada en Maastritch e implantada ya hasta en nuestra Constitución del techo de déficit público (déficit contable que no gasto real, como ya vimos). Este cuarto paso que entonces se nos antojaba inviable ya lo tenemos sobre nuestras cabezas: “supresión de la universalidad de la asistencia pública y gratuita (este paso en nuestro país no será necesario porque pese a la idea general de su existencia y a una cobertura asistencial cercana al 100% la ruta programada ha abortado siempre los intentos de hacer efectivo el objetivo de aquella Ley General de Sanidad de hacer de la asistencia sanitaria un derecho universal para todos los residentes en España), la restricción de la cartera de servicios prestados a un paquete básico, la introducción del copago (que nunca ha llegado a suprimirse de la asistencia farmacéutica) y la reducción del número de camas y personal sanitario.”

Llegados a este punto, no por una crisis coyuntural reciente sino fruto de una ruta perfectamente planificada y llevada a cabo desde hace dos décadas, estamos preparados para el último paso, que tendrá lugar en la próxima legislatura si no lo evitamos: la venta de la infraestructura sanitaria de provisión de servicios al sector privado dejando al sistema público como entidad financiadora (de determinados servicios a una parte de la población) y autoridad sanitaria.

Es la última oportunidad de evitar que los especuladores hagan negocio vendiendo nustra salud. Ahora o nunca.

 

Joseandrés Guijarro Ponce
Médico especialista en Obstetricia y Ginecología
Doctor en Historia de la Ciencia y Documentación
Candidato de eQuo a las Elecciones Generales por Cuenca.

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